El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), del que han nacido nuevas obligaciones que las empresas deben cumplir. El objetivo es ofrecer más control a los ciudadanos sobre su información personal en el contexto de la era digital (smart cities, big data, redes sociales, geolocalización a través de dispositivos, etc…) al tiempo que se reducen cargas administrativas y se facilita la aplicación por parte de las empresas europeas.
En el nuevo Reglamento aparece la obligación de contratar un Delegado de Protección de Datos (DPO) para todas las Entidades públicas y en el sector privado las empresas que realicen un tratamiento de datos de categorías especiales o bien relativos a condenas o infracciones penales, de forma sistemática, habitual y masiva.
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